Crónica de una entrega anunciada

Por Nahuel Hidalgo

El reciente episodio legislativo que culminó con la sanción de la ley Bases en el Senado es un ejemplo de cómo la política puede torcer las reglas democráticas y, en el proceso, avivar tensiones sociales hasta el punto de ruptura. En una jornada que será recordada por la brutal represión en las calles y las sospechas de manipulación en el recinto, el gobierno logró lo que buscaba a cualquier costo.

La votación terminó empatada en 36 y la vicepresidente Victoria Villarruel resolvió a favor del oficialismo. Este desenlace no fue una sorpresa, dado el entorno de cambios constantes al proyecto original, impulsados a último momento por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Las modificaciones, sobre todo en el régimen de inversiones RIGI, parecieron más un intento desesperado por captar votos que una verdadera discusión democrática. Ahora, el proyecto deberá volver a Diputados para refrendar los cambios.

La sesión en el Senado no fue el único escenario de conflicto. Afuera, la represión de las fuerzas de seguridad nacionales y porteñas contra manifestantes pacíficos mostró el rostro más oscuro. Lo que comenzó como una protesta pacífica contra la ley Bases, con personas y dirigentes políticos congregándose en la Plaza Congreso, se transformó rápido en un campo de batalla. La violencia estatal, que incluyó el uso de gas pimienta contra diputados de Unión por la Patria, dejó al menos 36 detenidos y varios heridos.

El gobierno, lejos de asumir responsabilidad, optó por una narrativa incendiaria, acusando a «grupos terroristas» de intentar un golpe de Estado. Esta acusación no solo es grave sino irresponsable, considerando las consecuencias en un país ya polarizado. Mientras tanto, el presidente no mostró señales de preocuparse demasiado por la crisis, Javier Milei partió hacia Europa.

En medio de esta tormenta política y social, los rumores y las presiones se intensificaron. La senadora neuquina Lucila Crexell, recién designada embajadora en la Unesco, votó a favor, al igual que otros senadores cuyo apoyo fue asegurado, al parecer, a cambio de promesas políticas y cargos públicos. El caso de Edgardo Kueider y las presiones sobre los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes recibieron amenazas, evidencian coerción y temor.

Villarruel, al desempatar la votación, pronunció un discurso que pintó un panorama divisivo: una «Argentina violenta» versus una «Argentina de los trabajadores». Este discurso, más que unir, profundizó las divisiones, en especial cuando se negó a permitir un cuarto intermedio solicitado por Unión por la Patria para investigar la represión en las calles. Sus palabras dirigidas al senador Eduardo Wado de Pedro, insinuando su «historia familiar», sonaron a amenaza y mostraron la crudeza del enfrentamiento político.

La represión en las calles no solo fue una muestra de fuerza desmedida sino también una estrategia de intimidación. La quema de autos y la aparición de encapuchados, elementos que parecían sacados de viejas tácticas de infiltración, recordaron los peores momentos de otras administraciones. El uso de la fuerza para desalojar a los manifestantes y la persecución que se extendió hasta la Avenida 9 de Julio reflejan un Estado dispuesto a aplastar cualquier disenso.

El desenlace de esta jornada, con la aprobación de la ley Bases, dejó al descubierto las fracturas de la democracia argentina. Las celebraciones en redes sociales por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contrastaron con la realidad de un país en ebullición. La política del toma y daca, marcada por oscuras negociaciones y amenazas, logró su objetivo, pero a un costo que resquebraja la confianza en las instituciones.

Esta crónica no solo documenta una votación polémica sino también la entrega anunciada de la estabilidad y la paz social a manos de una política despiadada. La jornada en el Senado y en las calles expuso las heridas de una democracia que lucha por sobrevivir entre las sombras del autoritarismo y la violencia estatal.