Cuando las fuerzas del Estado disparan al pueblo: la violencia institucional que la Provincia no puede dejar pasar

Editorial de Nahuel Hidalgo

Lo que ocurrió en el barrio IAPI de Bernal Oeste es inaceptable. La irrupción violenta de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense en un comedor comunitario —donde familias esperaban la merienda— no es solo un operativo mal ejecutado: es un acto de violencia institucional que debe ser condenado, investigado y sancionado con la mayor dureza.

Desde nuestro medio de prensa no podemos permanecer en silencio ante un hecho tan grave. Porque cuando un niño de 10 años recibe un disparo en la cara con perdigones de goma, cuando vecinas y vecinos son agredidos mientras esperan un plato de comida, cuando una camioneta policial aparece en el barrio no para proteger sino para sembrar el miedo, estamos ante algo que va mucho más allá de una equivocación táctica. Estamos ante una policía que se comporta como fuerza de choque, como brazo armado de una lógica represiva que empieza a instalarse en los territorios más vulnerables.

La Mesa Popular Quilmes ya lo dijo con contundencia en su comunicado: esto no es un hecho aislado. Y coincidimos. Se inscribe en una escalada peligrosa de criminalización de la pobreza, de represión hacia la organización comunitaria, y de uso de la fuerza como respuesta a la exclusión. No es casual que ocurra en un comedor popular. No es casual que las víctimas sean vecinos organizados. Y tampoco es casual que las balas apunten a la infancia.

Lo ocurrido en el IAPI interpela directamente al gobierno de la provincia. No queremos que las fuerzas de seguridad de Buenos Aires actúen bajo la misma lógica represiva que promueve Patricia Bullrich desde el gobierno nacional. Porque si bien los uniformes no son los mismos, el miedo que generan este tipo de hecho en los barrios populares genera tiene más parecido que diferencias. El modelo de seguridad no puede ser el del castigo indiscriminado, la estigmatización y la violencia sobre los sectores populares.

El Ministro Javier Alonso tiene en sus manos la posibilidad de marcar una diferencia clara con la doctrina Bullrich. Pero eso no se hace con discursos. Se hace con decisiones. Y la más urgente es separar a los responsables operativos y políticos del accionar violento en Bernal Oeste. No se trata solo de “investigar”, sino de dar señales contundentes: la policía de la provincia no está para disparar a la gente, está para cuidarla.

El silencio o la tibieza en este caso serían una forma de convalidación. Y sería también una señal peligrosa hacia adelante: si se permite que la policía actúe así en los barrios, ¿qué impide que el próximo operativo termine con una tragedia aún mayor?

La seguridad no puede ser sinónimo de represión. Y la organización popular no puede ser tratada como una amenaza. Los comedores, las redes comunitarias, los espacios como “Es la hora feliz” son el último refugio de dignidad en medio de una crisis social profunda. Atacarlos es atacar lo que queda de humanidad en nuestros territorios.

Por eso, como medio de comunicación comprometido con los derechos humanos, reforzamos el pedido urgente de justicia. Pedimos que se identifique y sancione a cada responsable. Y pedimos, sobre todo, que se defina de qué lado está el Estado: si del lado del pueblo o del lado de quienes lo reprimen.

A continuación compartimos el comunicado de MPQ

Comunicado de Prensa – Mesa Popular Quilmes

Repudiamos el brutal ataque de la Policía Bonaerense al comedor comunitario del Barrio IAPI

Desde la Mesa Popular Quilmes expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar violento e injustificable de la Policía de la Provincia de Buenos Aires contra un espacio comunitario en el corazón del barrio IAPI, en Bernal Oeste.

El hecho ocurrió en la calle 172 bis y Formosa 1917, en el comedor y merendero “Es la hora feliz”, donde día a día se sostiene con esfuerzo y organización el derecho a la alimentación de decenas de familias.

Ayer por la tarde, un grupo especial de la Policía Bonaerense irrumpió en la zona con desproporcionada violencia. Vestidos con uniformes camuflados de combate, armados con escopetas y a bordo de una camioneta, atacaron a vecinas y vecinos que esperaban la merienda junto a sus hijes frente al comedor, con el argumento de estar persiguiendo a un presunto ladrón.

La represión incluyó golpes y disparos. Como saldo de esta brutalidad, varios vecinos resultaron heridos y un niño de apenas 10 años recibió un disparo de perdigones de goma en el rostro. Los efectivos, tras sembrar el terror, se retiraron del lugar sin haber encontrado al supuesto sospechoso.

Exigimos una investigación inmediata, transparente y con consecuencias para los responsables de este acto de violencia institucional. No puede ser que las fuerzas de seguridad actúen con total impunidad en los barrios populares, atacando a quienes día a día trabajan por el bienestar colectivo.

Este hecho se inscribe en una lógica represiva cada vez más extendida desde la asunción del gobierno de Javier Milei. La criminalización de la pobreza y de las organizaciones sociales busca disciplinar a través del miedo y la violencia, mientras las verdaderas amenazas para nuestras comunidades —el narcotráfico, la delincuencia organizada y la miseria planificada— avanzan sin control.

La represión en el Barrio IAPI no es aislada. Que la víctima sea un niño de 10 años es también una muestra clara del desprecio con el que se quiere avanzar en medidas como la baja en la edad de imputabilidad, tratando a la infancia como enemigo interno.

Desde la Mesa Popular Quilmes, reafirmamos nuestro compromiso con la organización y la lucha de los sectores populares. No nos van a intimidar.

 Solo la unidad por abajo será garantía de futuro.

Mesa Popular Quilmes

Organización, comunidad y dignidad

"