Despidos en masa y decretazos: el ajuste sin piedad del Gobierno Milei golpea el corazón del Estado

En una Argentina que cruje bajo la motosierra del ajuste, el gobierno de Javier Milei prepara una nueva ofensiva contra el empleo público. Bajo la excusa de "achicar el Estado", se perfila una nueva oleada de despidos que amenaza con pulverizar lo que queda de la administración pública nacional. La maniobra, lejos de responder a un criterio de eficiencia, expone una lógica de demolición sin diagnóstico ni humanidad.

Según pudo desde nuestro Medio por fuentes sindicales y gubernamentales, antes del vencimiento de las facultades delegadas que habilitan al Poder Ejecutivo a intervenir organismos públicos por decreto, el Gobierno nacional planea un aluvión de medidas que incluyen: la disolución de hasta 60 organismos, la cancelación de contratos con estabilidad precaria, y la exclusión administrativa de miles de trabajadores del Estado.

Un modelo de Estado a martillazos

Desde diciembre de 2023, la administración Milei emprendió un desmantelamiento sistemático del aparato estatal. Bajo la bandera del liberalismo más crudo, se han cerrado organismos históricos, recortado funciones esenciales y despedido a más de 41.000 trabajadores.

En esta etapa, el recorte no sólo se profundiza, sino que se ejecuta con una frialdad técnica y política que hiela la sangre: se calcula que al menos otros 15.000 empleados estatales podrían perder su empleo en las próximas semanas, muchos de ellos en áreas críticas como cultura, ciencia, desarrollo social y salud.

El método es burocráticamente brutal. A través de simples planillas de Excel enviadas desde las distintas jefaturas de gabinete, se ordena la baja sin explicaciones, sin evaluaciones, sin criterios de desempeño. Un tajo a ciegas.

Decretos sin Congreso, decisiones sin pueblo

El Gobierno se ampara en las “facultades extraordinarias” otorgadas por la Ley Bases, una norma que delega en el Ejecutivo amplios poderes para reorganizar el Estado. La medida, impugnada por constitucionalistas, es utilizada como vía libre para evitar el debate parlamentario y suprimir organismos sin discusión ni transparencia.

Entre los entes en la mira están el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Teatro (INT), el Fondo Nacional de las Artes, entre muchos otros que representan políticas públicas que garantizan derechos básicos, identidad cultural y protección de sectores vulnerables.

¿A quién beneficia el ajuste?

El relato oficial insiste en que los recortes se justifican por la necesidad de eliminar "estructuras improductivas". Pero en la práctica, las áreas que se desmantelan suelen ser aquellas que no representan un costo significativo pero sí una molestia ideológica para el gobierno: los derechos humanos, las políticas de género, la producción cultural, la inclusión social.

Mientras tanto, los grandes contratistas del Estado, las fuerzas armadas, las partidas para propaganda oficial o los privilegios de los sectores concentrados permanecen intactos.

La paradoja de la eficiencia sin servicio

El resultado de este “achicamiento” no es una administración más ágil, sino una más vacía. Áreas clave paralizadas, ciudadanos que no pueden realizar trámites básicos, universidades sin recursos, organismos sin personal, y profesionales despedidos que formaban parte del entramado técnico del país.

La eficiencia que pregona Milei parece ser la del recorte por el recorte mismo, sin planificación, sin cuidado, sin futuro.

Silencios cómplices y resistencia en las calles

Mientras tanto, parte del Congreso mira hacia otro lado. La mayoría de los legisladores que aprobaron la Ley Bases ahora callan ante los efectos devastadores de las medidas. Sólo los sindicatos estatales como ATE han denunciado con fuerza lo que ya es una purga laboral.

Sin embargo, los trabajadores se organizan. En las últimas semanas, ha crecido la movilización de despedidos, se multiplican las asambleas y no se descarta un nuevo paro nacional.

Un Estado en venta

Lo que se configura es algo más grave que un ajuste: es la refundación de un país sin Estado. Un modelo de administración pública tercerizada, subcontratada o lisa y llanamente inexistente. Un país en el que la lógica empresarial reemplaza a la lógica de los derechos. Un experimento que no se aplica en ningún lugar del mundo con resultados positivos, pero que aquí se impone como dogma.

Milei no achica el Estado: lo aniquila. Y con él, pulveriza décadas de políticas públicas construidas con esfuerzo colectivo. Lo hace sin escuchar, sin consultar, sin medir consecuencias. Lo hace por decreto. Como quien cierra una persiana.

¿Quiénes pagan el ajuste? Trabajadores, jubilados, científicos, docentes, artistas, madres solteras, migrantes, ciudadanos comunes. La lista de víctimas es larga. La de beneficiarios, corta.

Mientras la motosierra sigue su curso, miles de argentinos se preguntan: ¿cuánto más se puede ajustar sin destruir lo esencial?