Agustina Propato denuncia militarización de la seguridad interior y exige informes al gobierno por la “Operación Roca”

Por Nahuel Hidalgo

La diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo exigiendo explicaciones precisas sobre la controvertida “Operación Roca”, una acción militar dispuesta por el Ministerio de Defensa que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país con atribuciones extraordinarias, entre ellas la posibilidad de detener civiles.

El proyecto, registrado en la Cámara de Diputados con fecha 5 de mayo, invoca los artículos 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y 204 del reglamento parlamentario. En él, Propato exige al Ministerio de Defensa que aclare si los militares pueden realizar detenciones, usar armas de guerra, participar en tareas de contención de protestas sociales y patrullar junto a fuerzas policiales, además de precisar si han adquirido armamento liviano o antidisturbios.

“La presente decisión pone severamente en crisis al Sistema de Defensa Nacional”, advierte el documento parlamentario, al tiempo que alerta sobre el desvío de recursos militares desde su función constitucional hacia tareas policiales, lo que podría impactar negativamente en la preparación para defender el territorio nacional frente a amenazas externas, incluidas las derivadas del conflicto de soberanía en las Islas Malvinas.

Un operativo en la frontera que desdibuja los límites entre defensa y seguridad

La “Operación Roca” fue lanzada por la Resolución RESOL-2025-347-APN-MD, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri. Aunque se presenta como una acción para reforzar el control de fronteras, fuentes oficiales y periodísticas revelaron que incluye facultades que permitirían a las Fuerzas Armadas detener personas “en flagrancia”, según el artículo 287 del Código Procesal Penal de la Nación.

Diversas organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y exfuncionarios como los exministros de Defensa Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, han cuestionado la legalidad de esta medida. Señalan que vulnera la Ley de Seguridad Interior, que restringe el uso de las Fuerzas Armadas en territorio nacional a tres excepciones: ataque a una unidad militar, asistencia logística a pedido del sistema de seguridad, y –solo tras la declaración del Estado de Sitio– la intervención en crisis graves.

Riesgos institucionales y antecedentes históricos

El pedido de Propato también expresa su preocupación por la “policialización” de las Fuerzas Armadas y sus efectos en la doctrina, adiestramiento y capacidades defensivas del país. Se menciona incluso que esta redefinición de roles podría distraer recursos estratégicos de vigilancia sobre el Atlántico Sur y la proyección del Reino Unido en zonas de soberanía en disputa, como las Islas Malvinas y la Antártida.

“El gobierno está avanzando sobre límites constitucionales sin dar explicaciones al Congreso. Esta política tiene ecos preocupantes de etapas autoritarias de nuestra historia”, señaló la diputada a medios parlamentarios.

Oposición parlamentaria busca frenar el avance de la militarización

El documento legislativo busca instalar el tema en la agenda pública y forzar un pronunciamiento del Ejecutivo. En paralelo, legisladores de diversos bloques analizan convocar a una sesión especial para debatir el nuevo rol que se pretende asignar a las Fuerzas Armadas, una cuestión particularmente sensible en una sociedad que aún arrastra las heridas de la última dictadura militar (1976-1983).

Mientras tanto, en el terreno, los operativos ya están en marcha. Más de mil militares han sido desplegados en la frontera norte. Aunque el gobierno asegura que se trata de una medida “racional y excepcional”, para muchos observadores esta política abre una puerta peligrosa que puede comprometer el equilibrio democrático en la Argentina.