La Casa de Moneda en la encrucijada: ¿Se está perdiendo un símbolo clave de la soberanía argentina?

Por Nahuel Hidalgo

En el corazón de un nuestro país que atraviesa una de las más grandes crisis económicas de su historia, la Casa de Moneda, institución centenaria y símbolo emblemático de la soberanía nacional, atraviesa una tormenta que podría cambiar para siempre la forma en que Argentina produce su moneda y documentos oficiales. La decisión del Gobierno nacional de intervenirla y transformarla en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), junto con la suspensión de la producción local de billetes y la delegación de funciones clave a empresas privadas, desató una oleada de preocupaciones políticas, sindicales y económicas.

Para la diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria), la situación exige respuestas claras. Su reciente pedido de informes al Ejecutivo no solo busca conocer el destino de la Casa de Moneda, sino también alertar sobre el riesgo de un vaciamiento silencioso que pone en jaque la soberanía monetaria y tecnológica de la Argentina.

El pedido de informes de Agustina Propato: una exigencia de transparencia y defensa de la soberanía

En el centro del debate político sobre el futuro de la Casa de Moneda se encuentra el reciente pedido de informes presentado por la diputada nacional Agustina Propato, representante de Unión por la Patria. La legisladora, con experiencia en temas económicos y sociales, reclama al Poder Ejecutivo respuestas claras y documentadas sobre las decisiones tomadas desde la intervención de octubre de 2024.

En su presentación oficial, Propato solicita que se detallen:

• Las razones técnicas y financieras que justificaron la intervención y la transformación de la Casa de Moneda en Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), un cambio que, a su juicio, fue impuesto sin un debate público ni un plan estratégico transparente.

  
  

• El estado actual de los contratos con empresas privadas —particularmente con Boldt y Artes Gráficas del Litoral—, incluyendo montos, condiciones y mecanismos de control que garanticen la legalidad y ausencia de conflictos de intereses.

  
  

• El número exacto de trabajadores afectados por despidos, suspensiones o retiros, junto con el plan de reubicación o compensaciones para los empleados de la Casa de Moneda.

  
  

• Información sobre el proceso de tercerización de funciones críticas como la impresión de billetes, pasaportes, boletas electorales y documentos oficiales, con énfasis en los protocolos de seguridad y los riesgos vinculados a la pérdida de control estatal.

  
  

• Las medidas adoptadas para proteger la seguridad nacional y la integridad de la moneda frente a amenazas como la falsificación, especialmente en el contexto de una creciente dependencia de proveedores externos.

  
  

• Un cronograma claro que indique los plazos para la normalización de la producción propia, o en su defecto, un plan alternativo que explique cómo se garantizará la soberanía monetaria y documental del país.

  
  

La Diputada Nacional advirtió que la falta de información oficial y el silencio del Ejecutivo generan incertidumbre y alimentan sospechas de que el proceso de privatización y vaciamiento no es accidental ni transitorio. Para la diputada, la Casa de Moneda no puede ser tratada como un activo financiero más, sino como un pilar estratégico del Estado.

“No estamos discutiendo un simple cambio administrativo, sino la capacidad de la Argentina para sostener su identidad, su economía y su democracia. El dinero que circula, los documentos que nos identifican y las boletas que garantizan nuestro voto son símbolos y herramientas de soberanía. Por eso exigimos transparencia, responsabilidad y un compromiso claro con el futuro del país.”

La diputada ha solicitado que el Ejecutivo responda en un plazo máximo de 30 días, un requerimiento que, según fuentes legislativas, podría convertirse en un punto clave para la agenda política de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2025.

Un gigante herido: cifras y testimonios de la crisis en la Casa de Moneda

La Casa de Moneda fue fundada en 1875 con el mandato explícito de garantizar que el Estado argentino tuviera bajo control la emisión de moneda y la producción de documentos oficiales. En sus momentos más difíciles, como durante la hiperinflación de finales de los años 80 o la crisis del 2001, la institución fue un pilar de estabilidad, asegurando que la circulación monetaria y la identificación ciudadana siguieran funcionando.

Sin embargo, el panorama actual es otro. Con la intervención y reconversión en S.A.U. en octubre y diciembre de 2024, respectivamente, la entidad sufrió un drástico recorte de sus actividades. Según fuentes oficiales, la Casa de Moneda contaba con un presupuesto de aproximadamente $114.626 millones para 2024, destinado a salarios, insumos y mantenimiento. Pero el costo de importar billetes desde el exterior ronda los 6.000 millones de pesos anuales, una cifra que preocupa por ser superior al gasto operativo de la planta local.

La entidad empleaba hasta ese momento a unos 1.300 trabajadores, muchos de los cuales enfrentan hoy la incertidumbre de despidos, suspensiones y retiros voluntarios forzados. La Asociación Gremial de Trabajadores de la Casa de Moneda (AGTCM) denunció el vaciamiento progresivo y la pérdida de funciones, mientras que la Federación Gráfica Bonaerense alertó sobre el cierre parcial de la planta en Don Torcuato, afectando a 270 empleados directos.

El reclamo se extiende al impacto que esta reestructuración tiene sobre la cadena productiva nacional, ya que funciones críticas como la impresión de pasaportes, licencias, matrículas, boletas electorales y padrones electorales comenzaron a ser tercerizadas a empresas privadas como Boldt y Artes Gráficas del Litoral, esta última vinculada al Grupo Clarín.

Soberanía en riesgo: voces expertas advierten sobre consecuencias económicas y tecnológicas

La decisión de tercerizar funciones sensibles genera inquietud no solo en el ámbito sindical, sino también entre expertos económicos y exfuncionarios. En diálogo con este medio, el economista y exsecretario de Finanzas Nacional, Dr. Mauricio Fernández, expresó:

"Perder la capacidad de imprimir moneda y documentos de manera autónoma implica una renuncia grave a la soberanía del Estado. No es solo un tema económico, sino una cuestión de control político y seguridad nacional."

Fernández recordó además que "la producción local genera empleo calificado y fortalece la infraestructura tecnológica estatal, que no puede ser delegada a terceros sin riesgo de fuga de información y vulnerabilidades en seguridad".

Por su parte, un informe reciente del Banco Internacional de Pagos (BIS) advirtió sobre los riesgos asociados a la pérdida de control sobre la emisión monetaria, resaltando que la dependencia de actores privados o extranjeros puede comprometer la estabilidad financiera y abrir espacios para la falsificación y manipulación.

El valor simbólico de la Casa de Moneda

Más allá de su función económica, la Casa de Moneda es un espacio que preserva la identidad y memoria nacional. Cada billete impreso en sus talleres lleva imágenes emblemáticas: desde Eva Perón, Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy, hasta ediciones especiales que homenajean a las Islas Malvinas.

Esta impronta patriótica se extiende a la impresión de pasaportes y documentos, que constituyen la base para la identidad civil y la participación política. Por ello, la tercerización y la pérdida de control sobre estas tareas no solo son un tema técnico, sino una cuestión de soberanía simbólica.

El espejo internacional: lecciones desde Brasil, Canadá y Venezuela

La gran mayoría de las naciones conservan el control estatal sobre sus Casas de Moneda. Países como Brasil han invertido en innovación tecnológica para mantener la seguridad y eficiencia en la producción, mientras que Canadá combina la eficiencia operativa con el control público para garantizar la autonomía.

En contraposición, Venezuela representa un caso de alerta para Argentina. Tras años de crisis económica y pérdida de capacidad productiva, depende en gran medida de empresas extranjeras para imprimir billetes, lo que contribuye a la escasez monetaria y la desconfianza pública.

En el ojo electoral: ¿quién imprimirá las boletas en 2025?

Con las elecciones presidenciales de octubre de 2025 en el horizonte, la Casa de Moneda debería estar al frente de la impresión de boletas electorales, una tarea fundamental para garantizar la transparencia y seguridad del proceso democrático.

La participación de empresas privadas en esta función plantea dudas sobre posibles manipulaciones, especialmente en un contexto donde ya se han denunciado fraudes vinculados a padrones falsos y documentación electoral.

Propato plantea preguntas urgentes:

• ¿Por qué no se hicieron públicos los informes técnicos que justifican la intervención?

• ¿Existen conflictos de intereses en la adjudicación de contratos a las empresas privadas?

• ¿Se evaluó el impacto en la seguridad nacional, incluyendo riesgos de falsificación?

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El reloj avanza: una cuenta regresiva para la soberanía monetaria

El Decreto 442/2025 fija un plazo de 180 días desde el 1° de noviembre de 2024 para que el Ejecutivo rinda cuentas. Si no se revierten las medidas que afectan a la Casa de Moneda, en seis meses Argentina podría perder definitivamente su capacidad de imprimir moneda propia.

La encrucijada es clara: un país con más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza no puede permitirse renunciar a su control monetario y a la función estratégica de una institución centenaria que hasta ahora fue un bastión de su soberanía.

Conclusión

La Casa de Moneda está en el centro de una disputa que va más allá de la gestión administrativa o presupuestaria. Es una cuestión de identidad, autonomía y futuro. Frente a un escenario de privatización silenciosa y tercerización creciente, las voces críticas se multiplican para advertir sobre un peligro que, de concretarse, podría marcar un punto de inflexión en la historia económica y política argentina.