Migración, salud, educación y ciudadanía: qué cambia en Argentina tras el Decreto 366/2025

El reciente Decreto 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, introduce modificaciones clave en tres ámbitos sensibles de la vida social y política argentina: la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Superior y Nacional, y la Ley de Ciudadanía.

A continuación, un repaso de los principales cambios en un formato comparativo:antes y después de la entrada en vigor de esta nueva normativa.

Migración: requisitos, expulsiones y acceso a derechos

Antes:

• Todo extranjero podía acceder a una residencia precaria con derechos amplios, incluidos el trabajo formal y servicios públicos.

• La regularización migratoria podía conducir a la residencia permanente sin mayores restricciones.

• Las causas de expulsión estaban acotadas a delitos graves, con garantías judiciales.

• No se requería justificar económicamente el ingreso ni contar con un seguro médico.

Ahora:

• La residencia precaria tiene una validez limitada a 90 días, sin generar automáticamente derechos para solicitar la residencia permanente.

• Para acceder a la residencia permanente se deberá demostrar solvencia económica y no poseer antecedentes penales.

• Se amplían las causales de inadmisión y expulsión (falsedad documental, peligrosidad, entre otras).

• Será obligatorio declarar el motivo del ingreso y contar con un seguro médico.

Salud pública: el acceso ya no es universal para todos

Antes:

• La salud pública en Argentina era universal: cualquier persona, sin importar su nacionalidad o situación migratoria, podía atenderse en hospitales públicos.

Ahora:

• Se garantiza únicamente la atención sanitaria de emergencia para extranjeros sin residencia permanente.

• Para acceder a tratamientos no urgentes, será necesario contar con un seguro médico o pagar por el servicio.

Educación superior: gratuidad restringida

Antes:

• Los estudios de grado en universidades públicas eran gratuitos para todos, argentinos y extranjeros por igual, sin distinción de residencia.

Ahora:

• La gratuidad queda limitada a ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente.

• Los extranjeros sin ese estatus podrán ser sujetos de aranceles, a definir por cada institución educativa.

• En educación inicial, primaria y secundaria se seguirá admitiendo a estudiantes sin DNI, pero se aceptarán documentos del país de origen.

  
  

  
  

  Ciudadanía: se introduce la "ciudadanía por inversión"

Antes:

• La ciudadanía argentina podía obtenerse tras dos años de residencia continua, incluso para quienes ingresaban como precarios o temporarios.

• No existía una vía expresa para acceder a la ciudadanía por inversión económica.

Ahora:

• Solo se podrá solicitar la ciudadanía luego de dos años de residencia legal y continua.

• Se crea la figura de ciudadanía por inversión, gestionada por una nueva Agencia bajo el Ministerio de Economía, para extranjeros que aporten capital al país.

¿Una política de orden o una restricción de derechos?

Desde el gobierno argumentan que estas reformas buscan “ordenar y modernizar” el sistema migratorio, educativo y de acceso a la ciudadanía, acercando a Argentina a los estándares de otros países del mundo. Subrayan que se sigue garantizando la atención médica de urgencia, el acceso a la educación básica y la posibilidad de nacionalizarse de manera legal.

Por otro lado, diversas organizaciones de derechos humanos, universidades y referentes del ámbito académico han manifestado preocupación por el impacto de estas medidas. Señalan que podrían restringir derechos básicos, profundizar la desigualdad y estigmatizar a la población migrante.

Mientras tanto, miles de personas —migrantes y no migrantes— observan con atención cómo estas nuevas reglas comienzan a aplicarse y cómo afectarán su vida cotidiana en el país.

¿Estas medidas representan una modernización o una barrera al acceso igualitario? El debate recién empieza.