“No quiero ver a las Fuerzas Armadas desfilando en Comodoro Py”: Agustina Propato cruzó a Petri en Diputados

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados fue escenario de una jornada intensa este martes, cuando el ministro de Defensa, Luis Petri, expuso durante más de cuatro horas los lineamientos estratégicos de su gestión. La participación del funcionario generó un amplio intercambio con legisladores de distintos bloques, con fuertes cuestionamientos desde la oposición sobre el alcance legal y político del Operativo Roca y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

no de los momentos más significativos fue protagonizado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria), quien expresó con firmeza su preocupación por el rumbo adoptado por el Ministerio.

> “Me preocupa. No quiero ver a los miembros de las Fuerzas Armadas desfilando o marchando en Comodoro Py”, advirtió, en referencia al riesgo de que los militares queden involucrados en causas judiciales por participar en operativos sin un marco normativo claro.

Propato cuestionó la resolución firmada por Petri que establece reglas de empeñamiento para el Operativo Roca. Señaló que se trata de disposiciones de carácter reservado que, aplicadas a misiones que asimilan a las Fuerzas Armadas a funciones policiales, podrían dejar a los uniformados “muy expuestos a terminar siendo compulsados por el Poder Judicial en los tribunales”.

Durante su exposición, Petri defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en zonas de frontera, como parte de una estrategia de “defensa activa” frente a amenazas transnacionales. Aseguró que el operativo se enmarca en las normas vigentes y negó que sea necesario modificar leyes o decretos existentes.

Por su parte, Propato reivindicó el decreto 727/06 —que regula el accionar de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz— como un límite constitucional esencial para preservar el rol específico de la institución castrense y evitar su utilización en tareas de seguridad interna. También reclamó mayor transparencia sobre las reglas de operación, los acuerdos internacionales en curso y la política de defensa a largo plazo.

La diputada expresó además su preocupación por el impacto que estas medidas pueden tener sobre los propios militares, al ser empujados a una función para la que no están preparados ni legalmente habilitados. “Esto no solo compromete la institucionalidad, sino también la seguridad jurídica de quienes integran nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

La sesión también abordó temas como la situación de empresas estratégicas del sector (FAdeA, COVIARA), el presupuesto destinado a defensa, la situación de la obra social IOSFA y los planes para el servicio militar voluntario.

El intercambio dejó en evidencia dos visiones opuestas: una que busca expandir el rol militar hacia tareas de seguridad interior bajo la bandera de una nueva doctrina de defensa, y otra que exige respeto por los límites legales, institucionales y democráticos establecidos desde el retorno de la democracia.