Propato denuncia que la suspensión del CAREM responde a presiones extranjeras y políticas de vaciamiento

El Gobierno argentino ha detenido el desarrollo del proyecto CAREM, el primer reactor nuclear modular de diseño íntegramente nacional, en una decisión que ha despertado críticas tanto en el ámbito científico como político. La diputada nacional Agustina Propato advirtió que la paralización del programa implica no solo la pérdida de una inversión superior a los 700 millones de dólares, sino también un grave retroceso en materia de soberanía energética y desarrollo tecnológico.

“El proyecto CAREM paralizado son 700 millones de dólares ya invertidos, tirados a la basura”, expresó Propato en un video difundido recientemente. La legisladora vinculó esta medida con presiones geopolíticas: “Fue la única exigencia histórica que ha tenido Estados Unidos para que la Argentina no avance”, afirmó, en referencia al desarrollo del reactor.

El CAREM —sigla de Central Argentina de Elementos Modulares— fue concebido como parte del Plan Nuclear Argentino relanzado en 2006 y representa una de las iniciativas más innovadoras del país en materia energética. Su construcción, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), había alcanzado un 70 % de avance, y su potencial incluía exportaciones y aplicación en regiones con baja densidad poblacional, lo que lo convertía en un activo estratégico.

Ascenso polémico

La controversia se intensificó con la designación de Julián Gadano Reidel como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. Reidel, exsubsecretario de Energía Nuclear durante el gobierno de Mauricio Macri, fue recientemente criticado por declaraciones que causaron rechazo transversal, al afirmar que “el problema es que esta área está poblada por los argentinos”, en referencia a una región del territorio nacional.

Pese al repudio público, Reidel fue ascendido a una de las posiciones más influyentes del sector energético, lo que generó reacciones en el Congreso y en la comunidad científica. Según Propato, su gestión apunta a “desarrollar cuatro reactores modulares en el mismo predio donde estaba planificada la cuarta central nuclear, con financiamiento ya comprometido”, lo que considera una maniobra para sustituir el modelo estatal por alternativas más acordes a los intereses de empresas privadas.

Riesgo de desmantelamiento

Desde diversos sectores técnicos se advierte que la discontinuidad del CAREM implicaría una pérdida de capital humano altamente calificado, con más de mil trabajadores especializados en riesgo de desvinculación. La diputada denunció que el nuevo rumbo del Gobierno “inaugura la fuga de nuestros cerebros” y “sucumbe ante las presiones externas y de los grupos económicos que buscan privatizar 70 años de desarrollo nuclear argentino”.

Además de la parálisis del CAREM, el sector nuclear viene enfrentando otros desafíos: en noviembre de 2024, la Comisión Nacional de Energía Atómica fue víctima de un ciberataque tipo ransomware que afectó sus sistemas administrativos. Si bien el Gobierno aseguró que la información técnica sensible no fue comprometida, el incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad de una infraestructura considerada crítica.

Soberanía en juego

En un contexto de creciente dependencia energética y tensiones geopolíticas, el retroceso del programa nuclear argentino plantea preguntas de fondo sobre la estrategia de desarrollo científico y tecnológico del país. Organismos internacionales como la OIEA han destacado en reiteradas ocasiones la relevancia del CAREM como modelo de innovación en América Latina.

“Jaqueada la soberanía energética. Jaqueada nuestra potencialidad de desarrollo tecnológico y científico”, sostuvo Propato. “Están vaciando nuestras capacidades para convertirnos en meros importadores de tecnología.”

Al cierre de esta edición, ni el Ministerio de Economía ni la Jefatura de Gabinete habían emitido comentarios sobre el futuro del proyecto CAREM. Mientras tanto, los trabajadores del sector nuclear aguardan definiciones oficiales ante lo que podría ser una de las decisiones más sensibles en materia de política energética de las últimas décadas.