Rechazan cautelar de veteranos de Malvinas por presunto cobro indebido de medicamentos gratuitos

Un juez federal rechazó una medida cautelar presentada por dos centros de excombatientes de Malvinas que denunciaron el presunto cobro de un porcentaje del valor de los medicamentos que, según el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra, deberían ser provistos de manera gratuita.

La causa, caratulada como "CECIM y otro c/ INSSJP s/ Amparo Ley 16.986", apunta contra el PAMI (INSSJP) por supuestas vías de hecho que vulnerarían derechos reconocidos a los veteranos. Los actores sostuvieron que algunos afiliados encontraron restricciones al intentar acceder a medicaciones amparadas por dicho programa, en contradicción con las normativas vigentes.

Entre los reclamos, se solicitó una medida cautelar que garantice la cobertura del 100% de los medicamentos destinados a tratamientos crónicos, agudos y ambulatorios. Sin embargo, el juez Alberto Osvaldo Recondo, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N.º 4, consideró que no se acreditaron pruebas suficientes de que las restricciones denunciadas fueran atribuibles a disposiciones oficiales del PAMI.

El magistrado destacó que las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024, que modificaron ciertos requisitos de acceso a la cobertura completa de medicamentos, no afectan a los veteranos de guerra del Atlántico Sur. Además, subrayó que no se detectaron “conductas, disposiciones o instrucciones del instituto que contradigan el marco regulatorio señalado”.

En el fallo, también se señaló que los propios demandantes admitieron que las comunicaciones enviadas al PAMI para alertar sobre las irregularidades no fueron efectivamente recibidas por la institución. Esta situación, según el juez, obliga a profundizar el análisis sobre las particularidades de cada caso y los circuitos administrativos aplicados por farmacias y prestadores, lo cual excede el alcance de una medida cautelar.

El tribunal resolvió, entonces, rechazar la cautelar requerida y ordenó al PAMI presentar un informe detallado conforme al artículo 8 de la Ley 16.986, con el fin de responder a las denuncias formuladas.

Esta decisión deja abiertas varias interrogantes sobre la implementación efectiva del programa y el control de los derechos de los veteranos, un tema que, sin duda, continuará en la agenda judicial y pública.