Rechazo a la libertad condicional de Alejandro Acosta, condenado por los crímenes de Darío y Maxi

El Frente Popular Darío Santillán (FPDS) manifestó su enérgico rechazo a la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal nº 3 de Lomas de Zamora, que otorgó la libertad condicional al ex cabo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Acosta. Acosta fue condenado a cadena perpetua por su participación en los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurridos durante la represión en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

La represión, que tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Avellaneda, dejó un saldo trágico no solo con las muertes de Santillán y Kosteki, sino también con más de 30 heridos por balas de plomo y cientos de detenidos. El operativo fue parte de una estrategia represiva impulsada desde los niveles más altos del poder político, encabezado en ese momento por el entonces presidente Eduardo Duhalde. El objetivo era detener las movilizaciones de los movimientos de trabajadores desocupados que exigían mejoras laborales en un contexto económico devastador, con una pobreza que alcanzaba el 66% y más de cinco millones de desocupados en 2002.

Alejandro Acosta, junto a su jefe, el ex comisario Alfredo Fanchiotti, fue condenado a cumplir cadena perpetua por su responsabilidad directa en estos crímenes. Sin embargo, el miércoles 16 de octubre, la Cámara de Apelaciones otorgó el beneficio de la libertad condicional a Acosta, lo que ha despertado indignación en los familiares de las víctimas, en las organizaciones sociales y en diversos sectores de la sociedad.

En su comunicado, el FPDS señaló que si bien la ley permite que tras 20 años de prisión los condenados puedan acceder a beneficios como salidas transitorias o permanentes, en este caso no resulta pertinente aplicar esas disposiciones. “Acosta no es un preso común”, afirma el comunicado, resaltando que su rol en la represión fue parte de un plan sistemático diseñado desde el poder político para acallar las protestas sociales. Además, el FPDS cuestiona la posibilidad de que Acosta se reinserte en la sociedad sin haber aportado información que esclarezca las responsabilidades políticas detrás de los crímenes.

“Durante más de dos décadas, eligió guardar silencio, siendo cómplice de la impunidad que cubre este Crimen de Estado. No es merecedor de los beneficios que se otorgan a la población carcelaria común”, subraya el comunicado, destacando que su liberación representa una afrenta para los familiares de las víctimas y para quienes aún luchan por justicia.

El FPDS y los familiares de Darío y Maxi continúan exigiendo que se mantenga la condena a Acosta y a todos los responsables materiales y políticos de la represión de 2002, reiterando que estos crímenes no deben quedar impunes.

Leer comunicado completo aquí