El Gobierno revocó el permiso de ocupación de tierra a una comunidad Qom en Chaco

En los últimos días, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dejó sin efecto una resolución que reconocía la ocupación de tierras por parte de la Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, perteneciente al Pueblo Qom, en la provincia del Chaco. Este hecho no es aislado: refleja una tensión histórica y política que persiste en nuestra sociedad desde la colonización.

El conflicto gira en torno a la disputa entre los derechos históricos y ancestrales de los pueblos originarios y los reclamos de propietarios individuales con títulos modernos que, en muchos casos, tienen sus raíces en despojos amparados por el aparato legal. En este caso, la copropietaria Mariel Luisa Crespo impugnó el reconocimiento de las tierras como ocupación tradicional del Pueblo Qom, argumentando la violación del debido proceso y su derecho de defensa.

La decisión del INAI de anular la resolución previa no otorga automáticamente las tierras a la propietaria Crespo, pero debilita el reclamo de la comunidad Qom al priorizar argumentos técnicos y formales por encima del contexto histórico del despojo. Una vez más, los pueblos originarios enfrentan una lucha desigual en un sistema jurídico que nunca se diseñó para proteger sus derechos.

Una historia de despojo y exclusión

El Pueblo Qom, como tantas otras comunidades indígenas en Argentina, es depositario de una memoria territorial que precede por siglos a la llegada de los colonizadores. Sin embargo, la historia de estas tierras ha sido escrita con tinta de despojo y sangre. La apropiación sistemática de territorios indígenas comenzó con la Conquista y se consolidó durante la conformación de los Estados modernos. Las leyes de propiedad, los registros catastrales y los títulos de dominio se transformaron en herramientas de deslegitimación para las demandas originarias.

En este contexto, la Ley 26.160 y sus prórrogas representan un intento por reparar, al menos parcialmente, esta injusticia histórica. Reconocer la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas no es un favor, sino una obligación constitucional consagrada en el artículo 75 inciso 17. Sin embargo, como lo demuestra este caso, el sistema jurídico sigue siendo una trinchera hostil para los pueblos originarios.

Un paralelismo con Palestina: el derecho a la tierra

El dilema que enfrenta la comunidad Qom guarda similitudes inquietantes con la situación que vive el pueblo palestino. En ambos casos, hay una historia de despojo territorial que se legitima a través de instrumentos legales y estructuras de poder. Las tierras que hoy ocupa Israel en Palestina, en gran parte consideradas ilegales por la comunidad internacional, también están amparadas por narrativas históricas que buscan justificar lo injustificable.

En Palestina, como en el Chaco, se utilizan los marcos legales y administrativos del poder hegemónico para desplazar, fragmentar y deslegitimar los reclamos históricos. La diferencia radica en la escala: mientras en Palestina el conflicto está en el centro de la atención internacional, en Argentina los despojos de las comunidades originarias pasan muchas veces desapercibidos o son tratados como simples litigios administrativos.

Foto de Palestina ocupada

Ambos escenarios comparten una cuestión de fondo: ¿qué derecho es más legítimo, el histórico y ancestral o el que se apoya en un sistema legal construido para perpetuar desigualdades? La respuesta no es solo jurídica, sino profundamente política y moral.

Una deuda histórica que no se salda

La anulación de la resolución a favor del Pueblo Qom es evidencia de que las estructuras de poder en Argentina no han cambiado tanto desde los tiempos de la Campaña del Desierto. A pesar de los avances en el reconocimiento de derechos, las comunidades indígenas siguen siendo las principales víctimas de un sistema que privilegia a los herederos de los despojadores.

Resolver estos conflictos requiere algo más que voluntad política: implica una transformación profunda en la forma en que concebimos la propiedad, el territorio y la justicia. La pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es si estamos dispuestos a cuestionar los privilegios heredados y a construir un país que verdaderamente respete la diversidad y la memoria de sus pueblos.

La lucha por la tierra no es solo una batalla legal. Es una lucha por el reconocimiento, la dignidad y el derecho a existir en un mundo que constantemente le da la espalda a quienes estuvieron primero.