Filtración en la Procuración: Propato apunta a un plan para favorecer al fondo buitre Burford

La diputada nacional por Unión por la Patria (Fuerza Patria - PJ), Agustina Propato, acusó hoy al Gobierno nacional de encubrir un escándalo de filtración de información sensible con implicancias internacionales. “No estamos discutiendo con acreedores, estamos discutiendo con un buitre”, dijo en referencia al fondo Burford Capital, principal demandante contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Sus declaraciones llegan en medio de la polémica desatada tras el despido de al menos 60 empleados de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el marco de una supuesta reestructuración. La razón oficial: filtración de datos estratégicos. Pero para Propato, esto es apenas una pantalla.

“Es la tercera vez que el Estado Nacional denuncia supuestos hackeos a objetivos estratégicos: primero el plan nuclear argentino, después el Ejército, y ahora la Procuración, justo cuando se define la estrategia de defensa frente a Burford”, advirtió la diputada.

Lo que para algunos funcionarios puede ser un caso de espionaje informático, para Propato es una maniobra política más grave: una operación interna para debilitar la posición de Argentina en los tribunales internacionales. Y fue aún más tajante al señalar lo que considera un conflicto de intereses:

“El jefe de la Procuración, es decir, del cuerpo de abogados del Estado, es un ex empleado de Burford. Vaya conflicto de interés. ¿Y ahora quieren sanear la situación culpando a trabajadores de tercera línea?”, lanzó.

En su intervención, Propato sostuvo que no hay “perigiles” (tontos útiles), sino responsables políticos verdaderos detrás de la supuesta venta de datos estratégicos desde la Procuración. Para la legisladora, la intención no es otra que boicotear la defensa legal del Estado argentino.

“Hay una intención maliciosa y siniestra para que esta información salga de la Procuración y comprometa la defensa internacional de la Argentina”, aseguró.

Mientras el gobierno intenta bajarle el tono al escándalo, insistiendo en que se trata de una reestructuración administrativa más, el clima político se calienta. La filtración de información en plena causa judicial por YPF no solo pone en jaque al equipo jurídico del Estado, sino que también enciende alertas sobre la seguridad institucional del país.