Argentina: detenciones por un escrache reavivan el debate sobre el uso del sistema judicial con fines políticos

Por Nahuel Hidalgo | Buenos Aires – 2 de julio de 2025

Dos mujeres vinculadas al peronismo bonaerense —una funcionaria provincial y una concejala municipal— fueron detenidas en el marco de una causa por un escrache simbólico contra el diputado liberal José Luis Espert. La decisión judicial, que incluyó allanamientos, incomunicación, rechazo de excarcelaciones y el traslado de una de las detenidas al penal federal de Ezeiza, provocó una fuerte reacción política y reavivó el debate sobre el presunto uso desproporcionado del sistema judicial en Argentina.

El hecho que motivó el operativo fue un episodio ocurrido el lunes 24 de junio en la localidad de San Isidro, donde un grupo de personas arrojó bolsas con estiércol frente al domicilio de Espert y colgó un cartel con expresiones agraviantes. El episodio fue denunciado como un “ataque organizado” por el propio legislador, mientras que desde el oficialismo se lo calificó como una manifestación política sin violencia física ni amenazas.

Una funcionaria detenida en Ezeiza

Alesia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, fue detenida días después del escrache, acusada de haber participado en la logística del hecho. El juzgado federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, rechazó su pedido de excarcelación y ordenó su traslado urgente al penal de Ezeiza, medida que, según fuentes judiciales, obedecería a su condición médica: la funcionaria padece una enfermedad autoinmune que requiere cuidados específicos.

La decisión generó fuertes críticas. Su abogado, Daniel Llermanos, declaró que su defendida “está presa ilegalmente por una contravención” y calificó el operativo como un “disparate manijeado por Patricia Bullrich”, ministra de Seguridad del gobierno nacional. “El hecho, en caso de confirmarse, no justifica el uso de una cárcel común ni la incomunicación”, sostuvo.

El caso de Abaigar se volvió rápidamente un símbolo para el kirchnerismo, que comenzó a denunciar una campaña de disciplinamiento político. Referentes como Lucía Cámpora, Anabel Fernández Sagasti y Lorena Pokoik se manifestaron públicamente con la consigna: “Presa por mujer y peronista”. Según trascendió, su defensa dará una conferencia de prensa en las próximas horas frente al Palacio de Tribunales.

La concejala Eva Mieri, detenida e incomunicada

En paralelo, el mismo juzgado ordenó la detención e incomunicación de Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y secretaria general del Partido Justicialista local. El operativo incluyó allanamientos a su domicilio y a oficinas del municipio gobernado por la intendenta Mayra Mendoza, una de las principales dirigentes de La Cámpora en la provincia.

Mendoza denunció públicamente lo sucedido como una maniobra política judicializada. “Eva Mieri está detenida e incomunicada por orden de la jueza Arroyo Salgado. Esto no es justicia, es persecución política. Lo que está ocurriendo es gravísimo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La Municipalidad de Quilmes también fue blanco de uno de los allanamientos. Medios locales informaron que uno de los vehículos presuntamente involucrados en el escrache —una camioneta Chevrolet S10— pertenecería a una empresa contratada por el municipio, aunque no hay información pública que vincule formalmente a Mieri ni a Abaigar con ese vehículo.

La causa judicial y las tensiones políticas

La causa fue impulsada con fuerza por el propio Espert, quien se presentó como querellante junto a su esposa. En su presentación, sostuvieron que el hecho fue “organizado y premeditado”, y se opusieron a la excarcelación de los detenidos.

Hasta el momento, no se han conocido públicamente imputaciones formales específicas ni pruebas concluyentes contra los principales acusados. La información disponible proviene de comunicados judiciales parciales y trascendidos en medios nacionales. No se ha informado la realización de pericias, reconstrucciones del hecho o pruebas directas que confirmen la autoría de los arrestados.

Organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales y agrupaciones políticas señalaron su preocupación por la desproporción de las medidas judiciales y la posible violación del principio de presunción de inocencia. Algunos compararon la reacción judicial con la impunidad frente a hechos de violencia política real, como las amenazas a opositores o la represión a manifestantes en Jujuy y Ciudad de Buenos Aires.

Una deriva preocupante

El caso resuena en un contexto más amplio: el Gobierno de Javier Milei ha impulsado un discurso de confrontación directa con el peronismo y sus sectores militantes. En ese marco, denuncias de “adoctrinamiento”, “clientelismo” y “estructuras mafiosas” se multiplicaron desde voceros oficiales.

El uso del aparato judicial y de seguridad para intervenir en disputas políticas no es nuevo en Argentina, pero el caso Abaigar–Mieri marca un punto de inflexión: la judicialización de un acto simbólico de protesta sin violencia se traduce en detenciones con condiciones extremas, incluyendo incomunicación, prisión preventiva y estigmatización pública.

Mientras tanto, ni la jueza Arroyo Salgado ni el Ministerio de Seguridad brindaron una explicación integral sobre los criterios aplicados. Tampoco se informó si las personas detenidas han podido declarar con defensa presente o si el expediente será desclasificado para su revisión pública.

¿Qué está en juego?

Para muchos sectores, este no es simplemente un caso judicial. Es un episodio que pone en tensión la calidad institucional de la Argentina, el respeto por las garantías constitucionales y la delgada línea entre justicia e instrumento de disciplinamiento.

Organizaciones políticas de oposición y referentes de derechos humanos han pedido la liberación inmediata de las detenidas, el acceso transparente a la causa y una revisión del accionar de los jueces que, según denuncian, están actuando más como actores partidarios que como garantes de la legalidad.

En un país con una historia signada por el uso político de la Justicia, el caso despierta alarma. No se trata solo de qué ocurrió con unas bolsas de estiércol. Se trata de qué puede ocurrir con la democracia cuando se encierra a personas por hacer política.