Argentina endurecera su política migratoria: ¿el fin de una tradición de puertas abiertas?

Por Nahuel Hidalgo

En un giro histórico, el gobierno argentino anunció este miércoles una reforma migratoria que endurece drásticamente las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a derechos para personas extranjeras. La medida, que será oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), fue presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich desde la Casa Rosada.

Argentina, país que durante más de un siglo se construyó con la migración como motor de su identidad, se encamina ahora a una política de exclusión y control más propia de contextos autoritarios. Las nuevas disposiciones contradicen normativas vigentes y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, marcando un antes y un después en la historia del país.

Deportación automática, sin defensa posible

Uno de los principales cambios es la implementación de deportaciones exprés: todo extranjero con condena penal —sin importar la gravedad del delito ni si ya cumplió su pena— será expulsado del país. Además, se acortarán drásticamente los plazos de apelación, reduciendo a la mínima expresión el derecho a la defensa.

Esto choca de frente con la Ley de Migraciones N.º 25.871, que garantiza el debido proceso a todas las personas, sin distinción de nacionalidad. Expertos advierten que esta medida puede resultar inconstitucional y violatoria de tratados internacionales ratificados por Argentina.

Acceso condicionado a salud y educación

La reforma establece que los migrantes en situación irregular o con residencia temporaria deberán pagar por el acceso al sistema de salud público. Asimismo, habilita a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes permanentes.

Este nuevo esquema contradice la ley migratoria actual, que reconoce el acceso igualitario a la salud y a la educación como derechos fundamentales, y que Argentina ha sostenido durante décadas incluso en contextos de crisis.

Según datos oficiales, el gobierno argumenta que el gasto en atención médica a extranjeros durante 2024 alcanzó los 114.000 millones de pesos. Sin embargo, no se aclara cuánto de ese monto corresponde a emergencias, convenios bilaterales o casos en los que se impidió acceder a la residencia por trámites administrativos trabados por el propio Estado.

Ciudadanía para ricos, restricciones para el resto

En otro punto polémico, el DNU introduce una modalidad de "ciudadanía por grandes inversiones", permitiendo naturalización rápida a quienes ingresen capital al país. En paralelo, impone nuevos obstáculos para el resto: para acceder a la ciudadanía argentina se exigirá una residencia continua de dos años, sin salidas del territorio nacional.

Este cambio no solo contradice el espíritu del Código Civil y Comercial —que no contempla esa exigencia— sino que también excluye de la integración formal a miles de migrantes que trabajan, estudian y aportan desde hace años a la economía y cultura argentinas, pero que deben salir por razones laborales, familiares o humanitarias.

Seguro obligatorio y selección en la frontera

A partir de la entrada en vigor del DNU, se exigirá a toda persona extranjera que desee ingresar al país la contratación previa de un seguro médico. Además, se prohibirá el ingreso a quienes tengan antecedentes penales, incluso si la condena es menor a cinco años o ya cumplida.

Estos requisitos convierten al sistema migratorio argentino en uno de los más restrictivos del continente, y dificultarán el ingreso de personas refugiadas o en situación de vulnerabilidad que históricamente han encontrado en Argentina un lugar de acogida.

¿Qué cambia para los migrantes ya residentes?

Para quienes ya cuentan con residencia permanente, en principio no habrá modificaciones retroactivas. Sin embargo, aquellos con residencia temporaria o transitoria enfrentarán nuevos obstáculos: desde el acceso a servicios públicos, hasta el riesgo de ser expulsados por delitos menores o errores administrativos.

El endurecimiento de la política migratoria genera incertidumbre incluso entre quienes llevan años construyendo su vida en el país. El temor a no poder renovar documentación, pagar por atención médica o ser deportados por una condena antigua crece en comunidades migrantes de toda la Argentina.

Una tradición que se deshace

Desde la Constitución de 1853 —que consagró la invitación “a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”— hasta la Ley 25.871 de 2004, la Argentina ha sido un faro regional de acogida. La nueva reforma, impulsada sin debate legislativo y con lógica punitivista, representa una ruptura profunda con esa identidad.

Lejos de mejorar la seguridad o aliviar el gasto público, especialistas temen que estas medidas fomenten la xenofobia, excluyan a quienes más necesitan protección y dañen la imagen de un país que alguna vez fue sinónimo de esperanza para millones de migrantes.