Periodismo en jaque: el Gobierno impone nuevas barreras al ejercicio de la libertad de prensa en la Casa Rosada

Una resolución oficial limita el ingreso de periodistas, impone códigos de vestimenta y filtra acreditaciones según afinidades y métricas. La Casa Rosada redefine el acceso a la información con un modelo que preocupa a medios y defensores de la democracia.

En una nueva avanzada que genera alarma en el ecosistema democrático argentino, el gobierno de Javier Milei oficializó la Resolución 1319/2025, que introduce profundas restricciones al trabajo de los periodistas que cubren la Casa Rosada. Menos acreditaciones, un código de vestimenta obligatorio y una matriz de puntajes que define qué medios tienen "derecho" a preguntar son parte del nuevo escenario.

Bajo el pretexto de "organizar" la cobertura, el Ejecutivo transforma el acceso a la información pública en un privilegio administrado por algoritmos y subjetividades. ¿Qué se esconde detrás de esta supuesta necesidad de orden?

Un modelo de prensa vigilada

La resolución limita el ingreso a la Sala de Periodistas a apenas 25 personas, seleccionadas bajo criterios como la “audiencia del medio” o su “especialización temática”. Esta metodología excluye a medios comunitarios, alternativos y territoriales, que no cuentan con grandes métricas, pero son fundamentales para garantizar pluralidad.

Además, el código de vestimenta exigido para conferencias de prensa instala una lógica elitista y disciplinaria. Bajo la premisa de cuidar la "imagen institucional", se impone una mirada estandarizada de cómo debe lucir un periodista, borrando las identidades diversas y reforzando prejuicios de clase.

¿Quién puede preguntar?

La medida más polémica es la matriz de evaluación para acreditar periodistas. No alcanza con ser profesional: ahora también hay que rendir una suerte de examen de lealtad institucional y rendimiento en redes sociales. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Qué tan alineado estás con el discurso oficial? Son preguntas que, aunque no explícitas, surgen entre líneas.

Esta iniciativa se suma a otras ya implementadas, como el “botón muteador” para silenciar preguntas incómodas y el insólito “Gran Hermano periodístico”, en el que el público decidiría qué periodistas pueden hacer preguntas. Todo esto configura un ecosistema cada vez más hostil para la libertad de expresión.

Silencio institucional, alerta democrática

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hasta organismos internacionales de derechos humanos, las alarmas están encendidas. No se trata de una simple reestructuración administrativa. Estamos ante un modelo de comunicación donde el Estado decide qué voces entran y cuáles quedan afuera. El periodismo —motor del control democrático— queda reducido a un espectáculo filtrado, disciplinado y domesticado.

En una Argentina con fuerte tradición de prensa libre, estas medidas representan un retroceso sin precedentes. La libertad de prensa no se negocia, se defiende. Y hoy, más que nunca, defenderla es un imperativo ciudadano.