Presa política o exceso judicial: la detención de Eva Mieri y un debate necesario

La detención de Eva Mieri, concejala y presidenta del bloque de Unión por la Patria en Quilmes, lleva 12 días y ha generado un profundo debate político y judicial en torno a la proporcionalidad de la medida y su impacto en el funcionamiento institucional del municipio.

Acusaciones y contexto judicial: un exceso judicial cuestionado

Mieri fue arrestada en el marco de una causa que investiga un escrache ocurrido el 17 de junio contra el domicilio del diputado nacional José Luis Espert en San Isidro. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado la imputó por varios delitos federales graves:

• Atentado contra el orden público: Según la acusación, el escrache con pasacalles y arrojo de excremento sería una acción que alteró el orden social.

• Amenazas coactivas agravadas: Se le imputa que esta acción buscó intimidar o coaccionar al diputado Espert.

• Incitación al odio político: Por promover supuestamente hostilidad basada en ideas políticas.

• Malversación de fondos públicos: En la hipótesis de que se usaron recursos del municipio de Quilmes para planificar o ejecutar el escrache.

• Alteración de la numeración de un vehículo: Porque se habría tapado parte de la patente del auto utilizado para el hecho.

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Sin embargo, estas imputaciones han sido cuestionadas tanto por la defensa de Mieri como por expertos legales y organizaciones de derechos humanos. El escrache, aunque reprochable, podría encuadrarse más adecuadamente en una contravención menor, ya que no implicó violencia física ni daños severos. La defensa sostiene que no existen pruebas concluyentes que demuestren la participación directa de Mieri ni el uso de recursos públicos en el acto.

Además, la decisión de mantenerla detenida en prisión preventiva ha sido calificada de desproporcionada y arbitraria, dado que no se ha comprobado riesgo de fuga ni entorpecimiento del proceso judicial. La detención de una funcionaria electa con mandato vigente y con inmunidad relativa debe manejarse con extrema cautela para no vulnerar derechos políticos fundamentales ni afectar el normal funcionamiento institucional.

Espert: entre la polémica y las investigaciones internacionales

El diputado José Luis Espert, blanco del escrache que motivó la detención de Eva Mieri, está bajo investigación por presuntos vínculos con un empresario acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, mientras la justicia se mueve con una celeridad inusitada para detener a Mieri por un hecho que podría ser considerado una contravención menor, avanza con extrema lentitud y con escasas medidas concretas en la investigación de las presuntas conexiones de Espert con ese entramado criminal.

Esta marcada diferencia en el trato judicial evidencia una profunda desigualdad en la aplicación de la justicia. Por un lado, se observa una persecución política clara contra dirigentes populares y militantes del peronismo, como Mieri, utilizando la prisión preventiva como herramienta de disciplinamiento y exclusión política. Por otro, la justicia parece blindar a figuras con posibles vínculos graves, mostrando un doble estándar que genera desconfianza y cuestionamientos legítimos sobre su imparcialidad.

Este contraste pone en evidencia cómo la justicia funciona a favor de unos y en contra de otros, configurando un mecanismo de persecución política selectiva que daña la democracia y el derecho a la participación política.

La denuncia de un concejal

La detención de Eva Mieri ha generado un fuerte respaldo en el Concejo Deliberante de Quilmes. Ezequiel Arauz, concejal del bloque Unión por la Patria, repudió públicamente la medida y denunció niveles de violencia y persecución "inauditos" contra los sectores opositores al gobierno de Javier Milei. Sus palabras reflejan la preocupación creciente por lo que consideran una avanzada judicial dirigida a limitar la participación política de dirigentes opositores.

Reacción unificada

El caso de Eva Mieri provocó una respuesta unificada desde el oficialismo local y provincial, que denunciaron una persecución política y exigieron su liberación inmediata. A pesar de la gravedad del tema.

¿Golpe institucional?

Algunos sectores del peronismo, organizaciones de derechos humanos y referentes políticos plantean que la detención de Eva Mieri, dirigente opositora al gobierno de Javier Milei, podría enmarcarse en un intento de desestabilización política o incluso en un “golpe institucional” encubierto para debilitar al peronismo en un contexto electoral sensible. Este planteo resulta necesario para abrir un debate público sobre los límites y posibles usos políticos del poder judicial en tiempos de alta polarización.