Valijagate: el juez del Lago Escondido, un empresario amigo y un presidente que parece saber demasiado

La investigación judicial por el ingreso sin control de 10 valijas a la Argentina está en manos de un juez señalado por vínculos con el poder político y mediático. Mientras tanto, el Gobierno incurre en contradicciones flagrantes y el empresario implicado aparece vinculado a contratos estatales. Javier Milei, que busca minimizar el caso, parece tener más información de la que debería.

El escándalo por las diez valijas que ingresaron al país en un vuelo privado sin pasar por controles aduaneros ni escáneres sigue sumando capítulos turbios. Lo que empezó como una denuncia periodística se convirtió en una causa judicial que expone con crudeza las conexiones entre negocios, poder político, y una justicia que parece jugar para un solo lado.

El juez del Lago Escondido, a cargo de la causa

El caso recayó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, conocido no por su independencia, sino por haber sido protagonista del escandaloso viaje a Lago Escondido en 2022. Aquel paseo, financiado por empresarios vinculados al Grupo Clarín, incluyó a jueces, fiscales, exespías y altos funcionarios del macrismo. Hoy, Yadarola es el responsable de esclarecer si un avión privado trajo dinero u objetos no declarados de forma irregular, en un operativo que no fue registrado ni inspeccionado por la Aduana, a pesar de los mecanismos disponibles.

Designar a Yadarola en este caso es como poner al zorro a cuidar el gallinero. Su historial en causas sensibles, donde se cruzan poder, negocios y medios, ya ha sido cuestionado, y su rol aquí debería estar bajo la lupa de la propia Justicia.

Contradicciones oficiales: una versión que no cierra

Desde el Gobierno nacional, la estrategia fue negar primero, justificar después y finalmente minimizar. El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que todo había sido controlado “según el protocolo”. Luego, Juan Pazo, jefe de la Agencia de Recaudación de Aduanas, deslizó que “no todos los equipajes se controlan” y que “no era necesario revisar las valijas”.

Ambas declaraciones fueron desmentidas por el dictamen fiscal, que presentó pruebas concluyentes: cámaras de seguridad, registros de vuelos y testimonios revelan que cinco de las diez valijas nunca fueron escaneadas, y que hubo una orden expresa de dejar pasar el equipaje sin inspección, aunque la tecnología estuviera disponible.

Estas contradicciones no son menores. Revelan una operación deliberada para ocultar el contenido de las valijas, lo cual configura, como mínimo, un caso de contrabando agravado por el encubrimiento oficial.

Leonardo Scatturice, el empresario con beneficios estatales

Detrás del avión está Leonardo Scatturice, empresario vinculado al oficialismo. Su empresa OCP Tech estuvo cerca de quedarse con una licitación millonaria en Trenes Argentinos, y otra firma relacionada, Tactic, fue contratada como intermediaria por la ex SIDE para relaciones con EE. UU.

Scatturice es el dueño del jet Bombardier Global 5000 que llegó desde Miami con sólo una pasajera (Laura Arrieta) y un cargamento que nadie revisó. La impunidad con la que operó su entorno solo puede explicarse por sus vínculos con sectores del Gobierno que hoy miran para otro lado.

Milei, un testigo que parece conocer demasiado

En una de sus habituales intervenciones mediáticas, el presidente Javier Milei calificó la causa como una “pelotudez del tamaño de una casa”, intentó minimizarla y dio detalles que deberían llamar la atención de la Justicia.

Según el propio Milei, las valijas “no eran diez de una persona, sino diez bultos de distintas personas”, y asegura que “vinieron de Estados Unidos, donde ya fueron controladas”. ¿Cómo sabe esto? ¿Quién le informó sobre el contenido y distribución de las valijas? ¿Por qué defiende una versión que ya fue desmentida por la Justicia?

Dado el nivel de conocimiento que exhibe sobre un operativo que está bajo investigación judicial, Milei debería ser citado como testigo. No sólo por lo que dice, sino por lo que deja entrever: que hubo coordinación, conocimiento previo y encubrimiento.

Las pruebas, contra el relato oficial

Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez presentaron un dictamen con 47 páginas de evidencias: imágenes del Aeroparque Jorge Newbery, registros de ingreso, inconsistencias en los papeles aduaneros y testimonios de los pilotos. Todo confirma que:

• Las valijas no fueron controladas.

• Hubo una orden explícita para evitar el escaneo.

• La única pasajera no declaró cinco de los diez bultos.

• El personal de PSA y Aduana omitió el procedimiento habitual.

Frente a esto, el relato oficial cae por su propio peso. No se trató de un error, ni de una excepción técnica: fue una maniobra irregular encubierta desde el Estado.

¿Y ahora qué?

La causa sigue, pero el panorama no es alentador. Un juez sospechado de parcialidad, un Gobierno enredado en sus propias mentiras, un empresario amigo del poder, y un presidente que parece hablar más como defensor que como jefe de Estado. Si no se garantiza una investigación seria, independiente y pública, este caso quedará como otro ejemplo más de cómo el poder político en la Argentina se protege a sí mismo.