Francos acusa de golpe insitucional al Senado por hacer su trabajo

Cuando el Ejecutivo tilda de “golpe institucional” a una sesión legal del Senado, no estamos ante una exageración política: estamos ante un intento de vaciar de poder a un órgano clave de la democracia.

En una escena que va del absurdo al autoritarismo, el Gobierno nacional —por boca de Guillermo Francos, su jefe de Gabinete— calificó como “golpe institucional” a una sesión del Senado que, con quórum y mayoría, aprobó leyes que no encajan en su modelo de ajuste.

La razón: los senadores sesionaron sin el visto bueno explícito de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Como si la Cámara Alta necesitara permiso del Ejecutivo para funcionar. Como si el Congreso fuese un apéndice decorativo del plan económico de Javier Milei. Como si la voluntad popular expresada en las urnas no alcanzara para legislar si no coincide con la línea libertaria.

Pero hay algo más preocupante que la acusación. Francos anunció que el Gobierno desconocerá las leyes votadas, que las vetará, e incluso que judicializará el accionar del Congreso. ¿Qué sigue? ¿Desconocer elecciones? ¿Cerrar el Parlamento?

El verdadero golpe institucional —si hay uno en curso— no está en el Congreso que debate y aprueba leyes. Está en la idea de que el Ejecutivo pueda decidir qué sesión es válida, qué ley rige y qué poder tiene autoridad. Es un mensaje claro: “si no me obedecen, no son democráticos”.

¿Es eso república? ¿Es eso democracia? No. Es el germen del autoritarismo con retórica de Twitter. Es querer gobernar por decreto, pero sin asumir el costo político. Es acusar de traición a quien se atreve a ejercer sus funciones.

Desde hace meses, el Congreso argentino muestra señales de alerta. Bloqueos, amenazas, vetos y desprecios. Pero ahora, con esta declaración, el Gobierno traspasa un límite: la deslegitimación total de un poder constitucional.

Y eso no es solo ridículo. Es peligrosamente antidemocrático.