La impunidad solo garantiza mayor impunidad.

Una nueva marcha de jubilados y jubiladas al Congreso Nacional y una nueva represión. Un día antes del Jueves Santo, el por demás excesivo operativo de las fuerzas de seguridad nacionales, vuelve a reprimir la pacífica protesta de los adultos mayores dejando heridos y detenidos. El gran interrogante que me hago es quien paga el costo de estos feroces ataques a quienes han trabajado toda su vida y hoy reclaman una simple jubilación digna.

Foto: La Kari Diaz de Guillón.

Por Orlando Agüero.

Una nueva jornada de protesta de nuestros jubilados y jubiladas, que intentan realizar una ronda alrededor del edificio del Congreso Nacional, es reprimida con golpes, gas pimienta a los ojos y detenciones arbitrarias. No es la primera vez, claro, casi ya perdimos la cuenta de las veces que han aplicado el inconstitucional “protocolo antipiquetes” contra las personas de alrededor de sesenta y cinco años que exigen que se les respete en sus ingresos los aportes que han realizado en toda su vida de trabajo, para poder subsistir en medio de una crisis brutal de empobrecimiento masivo.

Según el equipo de socorristas, del que es parte la Comisión Provincial de la Memoria, hasta las 18,30 horas del miércoles tuvieron que atender a por lo menos setenta personas heridas producto de la represión. La desproporción del operativo policial para intervenir en la marcha, deja en claro que el objetivo del gobierno nacional y la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich es desalentar la protesta callejera. Es decir, reprimir la marcha de los jubilados para desarticularla, desarmarla y despejar de las calles todo indicio de protesta opositora al régimen, de manera tal que el gobierno pueda avanzar en sus proyectos de saqueo permanente sin ningún obstáculo callejero. Es evidente que la respuesta del gobierno de Javier Milei no transita por el andarivel de solucionar la vida a las personas de la tercera edad. Muy por el contrario, lo que desea es mercantilizar las jubilaciones para que las empresas transnacionales hagan sus negocios. Esto ya sucedió en la época de Menem con las AFJP, donde se privatizaron los bienes previsionales y un puñado de empresas recaudaron los aportes y nunca pagaron un centavo a ningún jubilado. Una gran estafa, tal como son los proyectos del gobierno libertario.

El gobierno dice que el sistema previsional no funciona.

Si el sistema no funciona es porque la clase social que hoy se encuentra enquistada en el gobierno nacional, nunca se esforzó por realizar los aportes jubilatorios a sus empleados o empleadas. Esta precarización temprana del trabajo, que fue trabajar en negro por una parte del salario o por su totalidad, hizo que muchos trabajadores y trabajadoras de distintos rubros no cuenten con sus aportes. Algunos en manera total, otros parcialmente y otros con aportes por debajo de sus ingresos. Este robo de los sectores patronales produjo que las cajas previsionales no puedan nunca llegar al objetivo histórico de las jubilaciones que fue el 82% móvil. También produjo no poder tener una justa nivelación de las jubilaciones en relación a la suba del costo de vida. De todos modos, hay que reconocer que existieron distintos gobiernos, que si bien no pudieron corregir ese robo patronal del que hablamos recién, sí consideró que el Estado debía asumir la responsabilidad social de proteger económicamente a aquellos y aquellas trabajadoras que cumplieron con sus años de actividad laboral plena, reconociéndole una jubilación anticipada, corriendo por cuenta del beneficiario o beneficiaria ponerse al día con los aportes mientras percibía su correspondiente jubilación. Demás está decir que este gobierno también canceló esta Política de Estado.

Pero quién paga los costos políticos de reprimir permanentemente?

Como titulamos en esta nota decimos que “La impunidad solo garantiza mayor impunidad”. Para demostrar esto tenemos varios ejemplos que lo grafican.

Sabemos que en este caso hay un responsable político de primera línea que es el presidente de la nación Javier Milei. Su discurso de odio hacia los sectores populares, trabajadores, jubilados, estudiantes y disidencias sexuales, tiene un primer efecto en la calle con palos, gases y detenciones. Enfrió la economía, deprimió el consumo, congeló los salarios, despidió miles de trabajadores, redujo al mínimo los presupuestos para educación y salud, entregó territorio nacional y bienes naturales a empresas de potencias extranjeras para el saqueo extractivista e intenta Des-Malvinizar nuestra soberanía. Por eso, para defender semejante ofensa a la patria toda necesita un sistema represivo fuerte y un Poder Judicial cómplice con sus decisiones. Para el sistema de seguridad tiene una “experta” en la materia: Patricia Bullrich, que salió ilesa del gobierno de Mauricio Macri, su anterior trabajo en seguridad, donde las víctimas fueron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el sur del país. El primero falleciendo a manos de la Gendarmería y el segundo por la Prefectura. En ambos casos la complicidad del poder judicial y los sectores de la política de más alto nivel, le salvaron el pellejo a Bullrich. Sin embargo, la “Pato” fue también ministra de trabajo en el gobierno de De la Rúa. Un gobierno que terminó abruptamente a causa de una rebelión popular el 19 y 20 de diciembre del 2001, luego de no poder afrontar la deuda contraída, por ese y gobiernos anteriores, con el FMI. Pero también por confiscar los ahorros de las cuentas bancarias a través del tristemente célebre “corralito” y luego de decretar un Estado de Sitio ante un pueblo agobiado por el azote del hambre, la desocupación y la pobreza. La represión se hizo sentir provocando más de treinta asesinatos. El presidente de entonces Fernando De la Rúa murió sobreseído impunemente por la justicia. Bullrich renunció antes que las llamas ardieran. Es por eso que ahí también terminó impune como miembro de un gobierno que hambreó al pueblo pero que también lo reprimió y asesinó ciudadanos. Esa impunidad garantizó la inmunidad que luego tendría con los asesinatos en la Patagonia Argentina, expulsando a los pueblos originarios de sus territorios para entregar las tierras a terratenientes y empresas extranjeras para la extracción de recursos naturales.

Pero esas no son las únicas impunidades que protegen al poder. El 26 de Junio del 2002, mientras gobernaba el país, por acuerdo de cúpulas entre los principales partidos políticos, los gobernadores y el poder económico, Eduardo Duhalde, ordenó reprimir una gigantesca movilización de trabajadores desocupados al Puente Pueyrredón. El resultado del operativo fueron dos muertos (Maximiliano Kosteki y Darío Santillán) y más de treinta heridos con balas de plomo, además de cientos de detenidos y detenidas. De aquella represión, que terminó con las aspiraciones presidenciales de Duhalde, fueron condenados a cadena perpetua solo dos policías y otros con sentencias menores. Sin embargo, los principales responsables políticos, que son quienes ordenaron, coordinaron y articularon el criminal operativo nunca han sido ni siquiera citados por la Justicia Federal. Aquí hay un nombre que últimamente fue bastante recurrente en los medios. Es que el Juez Federal Dr. Ariel Lijo es quien tiene la causa por las responsabilidades políticas del ex presidente Duhalde y los principales funcionarios de su gabinete. Nunca avanzó una seria investigación en esta causa, lo cual demuestra la complicidad de sectores de la justicia en proveer un manto de impunidad al poder político. El resultado inmediato de estos favores es la garantía de impunidad a los sectores del poder para reprimir libremente y de falta total de justicia para los sectores del pueblo.

Es por eso que la impunidad genera mayor impunidad. Porque cada vez se le otorga más poder al poder y de esa manera se protegen para llevarse el oro a Londres, para endeudarnos con el FMI una y otra vez y para empobrecer cada vez más a los trabajadores y trabajadoras.

Solo la calle es el escenario donde puede actuar el pueblo. Porque para lograr la verdadera libertad hay que pelear, y eso es lo que miércoles a miércoles están haciendo nuestros mayores.