Milei analiza cerrar 50 dependencias de la Anses y despedir a casi 2,000 trabajadores

El gobierno de Milei está considerando cerrar otras 50 dependencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), lo que implicaría el despido de casi 2,000 empleados. Estas Unidades de Atención Integral (UDAI) están distribuidas por todo el país y son cruciales para la gestión de jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH), becas Progresar y otros planes sociales. En muchos casos, estas oficinas son las únicas disponibles en un radio de 50 kilómetros, afectando significativamente el acceso a estos servicios para miles de ciudadanos.

Entre marzo y abril de este año, el gobierno ya cerró 50 oficinas de atención al público de Anses en diversas jurisdicciones, especialmente en pueblos del interior del país. Estas áreas ahora se han quedado sin una oficina accesible dentro de un radio de 50 kilómetros, obligando a los residentes a desplazarse largas distancias, en algunos casos más de 100 kilómetros, para realizar trámites esenciales. Además de los cierres, se ha recortado personal contratado y de planta permanente, agudizando la situación.

La situación es crítica y amenaza con empeorar. Según el portal LPO, Mariano De Los Heros, titular de la Anses, está considerando cerrar otras 49 oficinas en junio y despedir a aproximadamente 1,900 empleados. Actualmente, la planta de trabajadores de la Anses cuenta con 13,000 empleados, y este recorte representaría una reducción superior al 15% del personal.

Los gremios han alertado sobre las graves consecuencias que estos cierres y despidos podrían tener, no solo en términos de empleo, sino también en la capacidad de los ciudadanos para acceder a servicios esenciales. La concentración de la atención al público en menos oficinas no solo aumentará la carga sobre las existentes, sino que también colapsará el sistema, dificultando aún más la gestión de trámites vitales para la población.

Esta medida del gobierno no solo pone en riesgo miles de empleos, sino que también amenaza con dejar a muchas comunidades sin acceso a servicios básicos de seguridad social, aumentando la desigualdad y la vulnerabilidad de los sectores más necesitados. La situación requiere una revisión urgente y una respuesta que considere el impacto social y económico de tales decisiones.