PAMI limita el acceso a la salud de millones de jubilados para medir el descontento

Por Nahuel Hidalgo

En la era de la motosierra que impulsa Javier Milei, el PAMI —la obra social más grande de América Latina, que atiende a más de cinco millones de jubilados y pensionados— atraviesa un proceso de recortes silenciosos que está reconfigurando el acceso a la salud pública en Argentina. Según una fuente del organismo en una investigación exclusiva de ADN Nacional, el sistema de atención ha cambiado radicalmente sin que se haya anunciado oficialmente.

“Cortaron las prestaciones; más de cuatro no se pueden tener, sin importar qué especialidades necesiten”, dijo una alta fuente de PAMI, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias. En la práctica, eso significa que una persona mayor con enfermedades crónicas —como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos— no puede acceder a más de cuatro consultas médicas o estudios al mes. A partir de ese límite, el sistema registra que el afiliado ya recibió más servicios de los permitidos, aunque no sea cierto.

La maniobra, según denuncian afiliados, empleados, y sindicatos, es parte de una estrategia de ajuste profundo: se anotan compulsivamente a los jubilados “como si ya hubieran sido atendidos”, explica la fuente, lo que bloquea nuevas órdenes médicas. “Es decir, la mayoría de los afiliados de PAMI ya no tienen prestaciones”, resume.

Un recorte “silencioso” y planificado

Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, su gobierno aplicó un programa de “motosierra” en áreas sensibles del Estado. PAMI, que maneja un presupuesto millonario y es un actor central del sistema sanitario argentino, se convirtió en un laboratorio de ese ajuste. Fuentes internas revelan que el organismo está “testeando” el nivel de tolerancia social antes de avanzar con recortes aún más drásticos. “Hay una orden de medir si la gente se queja. Como hasta ahora no salen a reclamar, siguen con la misma metodología”, advierte el informante.

Los cambios no solo afectan a los pacientes. Los médicos de cabecera, pilar del sistema, también están bajo presión. “Se les permite atender solo al 30% de su padrón mensual, dejando al 70% sin atención”, detalla la fuente. Actualmente, estos profesionales cobran una suma fija por cada afiliado (capitación) y un plus por atención, pero los nuevos límites reducen drásticamente sus ingresos y, en consecuencia, su disponibilidad.

Las denuncias internas confirman que estas restricciones ya golpean a pacientes con enfermedades graves. El PAMI, que históricamente cubrió tratamientos para personas con VIH y entregaba medicamentos gratuitos cada seis meses, ha comenzado a cortar prestaciones a laboratorios y farmacias. “Si superás las cuatro atenciones anuales, te hacen figurar como que ya recibiste más servicios de los que te corresponden, aunque no sea verdad”, dijo el empleado.

Escándalos y resistencia

Este ajuste se suma a una serie de denuncias de corrupción que ya salpican a la institución: licitaciones con sobreprecios de hasta el 900% en insumos, designaciones políticas en direcciones clave y acusaciones de que las UGL (Unidades de Gestión Local) se convirtieron en cajas de recaudación partidaria. La Justicia investiga casos en Santa Cruz, La Plata y Misiones, mientras gremios como ATE denuncian despidos masivos y un “vaciamiento” del organismo.

El descontento también crece entre farmacias y laboratorios, que reportan demoras en los pagos y alertan sobre un posible corte de servicios. “Estamos financiando al PAMI; hace meses que no cobran las recetas dispensadas”, reclamó una cámara de farmacias bonaerense.

En paralelo, asociaciones de jubilados advierten que el nuevo esquema pone en riesgo la vida de los pacientes más vulnerables. “Estamos viendo casos de gente que suspende tratamientos porque no puede pagarlos”, alertó el abogado previsional Christian D’Alessandro, quien presentó denuncias por sobreprecios en pañales y lentes intraoculares.

Una estrategia política de alto riesgo

El ajuste en PAMI no se limita a números: revela una estrategia política más amplia. Según analistas, el gobierno de Milei usa al organismo como termómetro social. “Si los jubilados no reaccionan ante estas medidas, el Ejecutivo gana margen para profundizar su programa de reducción del gasto público”, explicó un politólogo especializado en políticas sanitarias.

Sin embargo, el silencio de la calle contrasta con un creciente número de fallos judiciales que ordenan restituir prestaciones. En mayo de 2025, un tribunal federal declaró inconstitucional la resolución que recortaba medicamentos gratuitos y obligó a PAMI a devolver la cobertura completa. A pesar de eso, las prácticas internas denunciadas indican que el sistema sigue funcionando con cupos invisibles y bloqueos administrativos.

El costo humano

Con una población envejecida —el 15% de los argentinos tiene más de 60 años—, PAMI es un engranaje vital del sistema sanitario nacional. Su debilitamiento tiene consecuencias inmediatas: jubilados que dejan de atenderse, médicos saturados que reducen turnos y farmacias que restringen ventas por falta de pagos.

“El panorama es devastador”, dice la fuente de PAMI. “La motosierra está con todo, pero lo más grave es que lo hacen de forma encubierta: anotan a los jubilados como atendidos, cortan servicios sin avisar y esperan a ver si alguien protesta. Hasta ahora, el silencio les juega a favor”.

El gobierno, por su parte, ha defendido sus políticas como parte de un plan para “ordenar el gasto” y “eliminar privilegios”. Sin embargo, el precio lo pagan los adultos mayores: aquellos que trabajaron toda su vida y hoy, al necesitar cuidados básicos, se enfrentan a un sistema que los registra como si ya estuvieran atendidos.

En barrios populares, las farmacias ya escuchan historias repetidas: jubilados que parten las pastillas para estirarlas, pacientes oncológicos que retrasan tratamientos y ancianos que vuelven a caminar largas cuadras para conseguir medicación que antes recibían en su puerta. El ajuste silencioso de PAMI se ha convertido, sin anuncios oficiales ni pancartas, en uno de los mayores experimentos de austeridad de la Argentina contemporánea.