Alimentos, sillas de ruedas y chapas en la finca de un exfuncionario macrista

El reciente allanamiento en la finca del ex funcionario Emilio Fayón ha desatado una nueva polémica en Salta. Fayón, primo de la ex intendenta macrista de la Ciudad de Salta, Bettina Romero y ex responsable del Directorio de "Pan Solidario - Panadería Social", es el centro de una investigación que ha sacudido a la comunidad y a la administración local.

En el operativo, realizado a pedido de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, se descubrió una considerable cantidad de bienes destinados a programas sociales almacenados en la propiedad de Fayón. Entre los artículos incautados se encuentran alimentos, sillas de ruedas, chapas, calzados y ventanas, todos destinados originalmente a personas necesitadas.

La noticia del allanamiento ha revivido viejas controversias sobre el vaciamiento de los galpones municipales de asistencia social durante la transición de gobierno en diciembre pasado. El intendente Emiliano Durand había denunciado en el verano que dichos galpones, bajo la administración de Bettina Romero, se habían vaciado de forma sospechosa. Aroldo Tonini, exsecretario de Servicios Públicos, aseguró en su momento que la mercadería había sido entregada conforme al "Plan Social" y que los galpones estaban vacíos porque los bienes habían llegado a las personas necesitadas. Esta afirmación ahora se ve gravemente cuestionada.

En diciembre, durante la transición de poder, surgieron denuncias de vaciamiento de los depósitos municipales. La secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Agustina Agolio, señaló en su momento que muchos elementos de asistencia social habían desaparecido misteriosamente. Aunque Tonini defendió la gestión de Romero, afirmando que la distribución se había realizado correctamente, los recientes hallazgos sugieren lo contrario.

Este escándalo ha intensificado el cansancio y la frustración de la ciudadanía ante los repetidos casos de corrupción y mala administración. La gente está harta de ver cómo los recursos destinados a los más vulnerables son mal manejados o, peor aún, acaparados por quienes deberían servir al pueblo. Es fundamental que se tomen medidas drásticas para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que los bienes sociales lleguen a quienes realmente los necesitan.

Este caso no solo pone en evidencia las irregularidades en la gestión de los recursos públicos, sino también la urgente necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. La justicia y el bienestar social deben ser una prioridad para todas las administraciones, y la sociedad no debe tolerar más abusos ni desvíos de los recursos destinados a los más necesitados.